La demanda, presentada en 2018, se fundamentó en el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito entre Panamá y el Reino de España. Sacyr alegó que actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la licitación y ejecución del Tercer Juego de Esclusas violaron el tratado y solicitó una indemnización por $2,362.7 millones.