Energía y ambiente

La mayoría de las disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) tienen que ver con asuntos ambientales. Las corporaciones usan cada vez más el sistema de ISDS que se encuentra en tratados de inversiones y de comercio a fin de desafiar las políticas ambientales.Para finales de 2019, cerca de 41% de todos los casos llevados ante el CIADI se relacionaron con recursos naturales y energéticos.

Los casos más conocidos incluyen:

• Lone Pine Resources (EUA) vs. Canadá: Lone Pine desafió la moratoria de Quebec a la controvertida práctica de la fractura hidráulica, o fracking, para buscar gas natural. El gobierno provincial de Canadá declaró una moratoria en 2011 con el fin de conducir evaluaciones de impacto ambiental del método de extracción, que es acusado ampliamente del lixiviado de químicos y gases a las aguas terrestres y de la contaminación del aire. El caso sigue en disputa (se invoca el TLCAN).

• Bilcon (EUA) vs. Canadá: la corporación estadounidense desafió los requisitos ambientales canadienses que afectan sus planes de abrir una cantera de basalto y una terminal marina en Nueva Escocia. En 2015, un tribunal de arbitraje decidió que la voluntad del gobierno era un obstáculo a las expectativas del inversionista. Entonces Bilcon obtuvo 7 millones de dólares, más intereses (se invocó el TLCAN).

• Vattenfall (Suecia) vs. Alemania: en 2007, la corporación de energía obtuvo un permiso provisional para construir una planta activada con carbón como combustible cerca de la ciudad de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales desechadas por la planta, se añadieron restricciones ambientales para la aprobación final de su construcción. El inversionista comenzó una disputa arguyendo que haría inviable su proyecto. El caso fue finiquitado en 2011, y la ciudad de Hamburgo accedió a bajar sus requisitos ambientales (se invocó el ECT)

Foto: Kris Krug / CC BY-NC-ND 2.0

(marzo 2020)

Ecologistas en Acción | 20-may-2022
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han enviado una carta al Gobierno español pidiendo el abandono inmediato del Tratado de la Carta de la Energía.
Salisbury Journal | 19-may-2022
Protestors will be gathering to march to the Rockhopper Exploration headquarters. The company is suing the Italian government for £236 million due to its refusal to allow oil drilling off the Adriatic Coast.
Brig Newspaper | 19-may-2022
Global Justice Stirling is holding a rally against corporate courts in front of Buchanan Galleries in Glasgow.
Forbes | 19-may-2022
Talos presentó en septiembre al gobierno mexicano notificaciones de disputa en virtud del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), un paso previo a la introducción de un reclamo de arbitraje internacional.
Reuters | 18-may-2022
US-based oil producer Talos Energy has temporarily suspended pursuit of an arbitration claim against Mexico amid high-level talks over one of the country’s flagship offshore projects.
bnamericas | 18-may-2022
Mining companies are continuing to face political and community headwinds in Guatemala, as authorities push on with consultations needed to lift suspensions that have crippled the industry in recent years.
Euractiv | 18-may-2022
Davantage d’États membres de l’Union européenne ont manifesté leur impatience à l’égard de la réforme en cours du Traité sur la Charte de l’énergie qui entrave les efforts visant à éliminer les combustibles fossiles.
Euractiv | 17-may-2022
More European Union countries have shown signs of impatience with the ongoing reform of the Energy Charter Treaty, which critics say impedes efforts to phase out fossil fuels, according to leaked diplomatic cables.
The Guardian | 17-may-2022
One of the biggest barriers will be the legal infrastructure that oil and gas companies and some coal companies have constructed to defend their investments, through treaties like the energy charter treaty.
CIAR Global | 12-may-2022
España ha sido condenada en el arbitraje con Renergy, empresa con sede en Luxemburgo, ante un panel CIADI que ha valorado las pérdidas producidas por los cambios normativos de las energías renovables en 33 millonse de dólares.

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