Energía y ambiente

La mayoría de las disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) tienen que ver con asuntos ambientales. Las corporaciones usan cada vez más el sistema de ISDS que se encuentra en tratados de inversiones y de comercio a fin de desafiar las políticas ambientales.Para finales de 2019, cerca de 41% de todos los casos llevados ante el CIADI se relacionaron con recursos naturales y energéticos.

Los casos más conocidos incluyen:

• Lone Pine Resources (EUA) vs. Canadá: Lone Pine desafió la moratoria de Quebec a la controvertida práctica de la fractura hidráulica, o fracking, para buscar gas natural. El gobierno provincial de Canadá declaró una moratoria en 2011 con el fin de conducir evaluaciones de impacto ambiental del método de extracción, que es acusado ampliamente del lixiviado de químicos y gases a las aguas terrestres y de la contaminación del aire. El caso sigue en disputa (se invoca el TLCAN).

• Bilcon (EUA) vs. Canadá: la corporación estadounidense desafió los requisitos ambientales canadienses que afectan sus planes de abrir una cantera de basalto y una terminal marina en Nueva Escocia. En 2015, un tribunal de arbitraje decidió que la voluntad del gobierno era un obstáculo a las expectativas del inversionista. Entonces Bilcon obtuvo 7 millones de dólares, más intereses (se invocó el TLCAN).

• Vattenfall (Suecia) vs. Alemania: en 2007, la corporación de energía obtuvo un permiso provisional para construir una planta activada con carbón como combustible cerca de la ciudad de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales desechadas por la planta, se añadieron restricciones ambientales para la aprobación final de su construcción. El inversionista comenzó una disputa arguyendo que haría inviable su proyecto. El caso fue finiquitado en 2011, y la ciudad de Hamburgo accedió a bajar sus requisitos ambientales (se invocó el ECT)

Foto: Kris Krug / CC BY-NC-ND 2.0

(marzo 2020)

CIAR Global | 14-dic-2018
El conflicto está relacionado con la suspensión del proyecto de minería de oro Tambor, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, y la reclamación estaría cifrada en 300 millones de dólares.
Argus | 14-dic-2018
Former Canadian mining company Crystallex has resumed efforts to auction shares of Venezuelan-controlled US refiner Citgo and accused Caracas of breaching an earlier settlement to stave off the sale.
AP | 14-dic-2018
Westwater Resources, an energy materials development company, announced the filing of a request for arbitration against the Republic of Turkey for the taking of its Temrezli and Şefaatli uranium projects in June 2018.
Kluwer Arbitration Blog | 14-dic-2018
Tribunals still grappling with the intra-EU question, especially those in ECT cases, are certain to pay great attention to the carefully crafted Vattenfall decision. Its reasoning may well serve as a blueprint for further decisions and awards in similar cases.
CIAR | 12-dic-2018
El pasado 30 de noviembre, la compañía neerlandesa Aram Asset Management notificó su intención de acudir a arbitraje de inversiones contra el Gobierno de Perú en relación con la expropiación de sus negocios de comercialización de oro en 2013.
KolectiVOZ Digital | 7-dic-2018
Entrevista con Pablo Fajardo, abogado ambientalista de los demandantes a Chevron Texaco en Ecuador, quién nos cuenta sus actuales preocupaciones sobre el caso.
Reuters | 5-dic-2018
Foreign investors say the tax hikes under the new code will deter further investment and have threatened to challenge some parts of the regulation in arbitration.
Medias24 | 5-dic-2018
Au CIRDI, le tribunal arbitral chargé du litige opposant le Maroc à la société suédoise Corral Morocco Holding a tenu sa première session.
Bloomberg | 27-nov-2018
Venezuela made an partial payment of a settlement designed to resolve a $1.2 billion arbitration award to a bankrupt Canadian gold miner that’s laying claim to the assets of the parent of refiner Citgo Holding Inc. if it’s not paid in full.
Mining.com | 26-nov-2018
The Hague-based Permanent Court of Arbitration has awarded South American Silver $18.7 million for amounts invested and another $9 million in interest for its Malku Khota concession, which the Bolivian government revoked in 2012.