Tratado sobre la Carta de la Energía

El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo plurilateral de inversión entre 53 países de Europa y Asia central. Se firmó en 1994 y entró en vigor en abril de 1998.

Unos 30 países en todo el mundo se encuentran en diferentes etapas de unirse al TCE. Burundi, Eswatini (antes Swazilandia) y Mauritania son los primeros en la lista, seguidos por Pakistán y Uganda.

El objetivo original del TCE era superar las divisiones políticas y económicas entre Europa oriental y occidental tras la desaparición de la Unión Soviética, así como fortalecer la seguridad energética de Europa. Los países europeos buscaban asegurar el acceso a los recursos de combustibles fósiles de los países de la antigua Unión Soviética protegiendo las inversiones extranjeras en energía en tales países.

El TCE prevé un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) para resolver las controversias entre un inversionista y un Estado miembro. Hasta el día de hoy, es el instrumento legal más utilizado en el mundo para iniciar arbitrajes ISDS y fue invocado por los inversionistas en 124 casos. Los críticos sostienen que, como en la mayoría de los demás acuerdos de inversión, coloca los derechos e intereses económicos de los inversionistas por encima de los intereses sociales, ecológicos y económicos de los Estados anfitriones y sus sociedades. El TCE impone obligaciones al Estado receptor pero no a los inversionistas extranjeros. El tratado también ha sido condenado por activistas ambientales por proteger a la industria de los combustibles fósiles y socavar graves medidas sobre el clima.

España ha sido sometida 45 veces a controversias de arbitraje en el marco del TCE tras aplicar una serie de reformas energéticas que afectan al sector de las energías renovables, incluida una reducción de las subvenciones a los productores. Aunque algunos casos siguen pendientes, España ya fue condenada a pagar más de 800 millones de euros.

Más información sobre el Tratado de la Carta de la Energía en el sitio web "ECT’s dirty secrets".

Entre los casos clave se incluyen:

  • Vattenfall (Suecia) vs. Alemania: En 2007, la corporación energética sueca obtuvo un permiso provisional para construir una central eléctrica de carbón cerca de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales vertidas por la planta, se añadieron restricciones ambientales antes de la aprobación final de su construcción. El inversionista inició una disputa, y argumentó que esto haría el proyecto inviable. El caso se resolvió finalmente en 2011, y Hamburgo terminó aceptando la reducción de los estándares ambientales.
  • Yukos (Isla de Man) vs. Rusia: Yukos era una empresa rusa de petróleo y gas. Se la compraron al gobierno ruso durante las controvertidas subastas de “préstamos por acciones de bolsa” de mediados de la década de los 90, en las que algunos de los mayores activos industriales del Estado fueron puestos en arrendamiento (en efecto privatizados) mediante subastas con dinero que prestaron al gobierno los bancos comerciales. Las subastas estaban amañadas y carecían de competencia, y se convirtieron efectivamente en una forma de venta a un precio muy bajo. En 2003, el director general de Yukos fue arrestado bajo cargos de fraude y evasión fiscal y al año siguiente los activos de Yukos fueron congelados o confiscados. En 2007 los antiguos accionistas de Yukos presentaron una demanda por más de 100 mil millones de dólares estadunidenses, solicitando ser indemnizados por su expropiación. La disputa dio lugar a que en 2014 los árbitros otorgaran a los accionistas mayoritarios más de 50 mil millones de dólares por concepto de daños y perjuicios. Desde entonces, los inversores han tratado de hacer cumplir el laudo en varios países.
  • NextEra (Países Bajos) contra España: El inversionista holandés presentó una demanda de arbitraje en mayo de 2014, después que España cambiara el marco reglamentario aplicable a su inversión, a saber, la construcción de dos centrales de energía solar. NextEra alegó que España abolió el sistema de primas y aranceles a largo plazo, lo que afectó negativamente la rentabilidad del proyecto.
    España alegó que NextEra debería haber sido consciente de que se podían hacer cambios en el régimen normativo. En mayo de 2019, el inversionista recibió alrededor de 290 millones de euros. En octubre de 2019, España solicitó que se anulara la demanda.

Foto: Marc Maes / Twitter

Última actualización: abril de 2020

CCSI | 10-feb-2021
While withdrawing, EU Member States could attempt to negotiate out of the sunset clause but would be subjected to it unless all other ECT Members agree to relieve them from the application of the clause.
TASS | 8-feb-2021
The Russian side also repeatedly drew attention to the fact that Yukos shareholders have no right to use modern protection mechanisms, since the privatization of the company was accompanied by deception, corruption and tax evasion
RT | 8-feb-2021
Les ex-actionnaires de Ioukos, ex-groupe placé en liquidation judiciaire en 2006, poursuivent la Russie pour obtenir 50 milliards de dollars d’indemnisation.
Investing | 5-feb-2021
La eléctrica alemana RWE (DE:RWEG_p) inició este jueves un caso de arbitraje internacional para exigir una compensación al Gobierno neerlandés por los efectos de la prohibición del uso de carbón a partir de 2030 en Países Bajos, donde tiene una central de energía que podrá sufrir 1.400 millones de euros en pérdidas, lo que ha causado polémica en La Haya.
Le Soir | 5-feb-2021
Le géant allemand de l’énergie RWE réclame à l’Etat néerlandais une compensation à son projet d’interdire la production d’électricité à l’aide de centrales au charbon. L’entreprise estime qu’elle pourrait subir 1,4 milliard d’euros de dommages.
Euractiv | 4-feb-2021
The European Union and its member states should draw the consequences of the current stalemate in multilateral talks aimed at reforming the Energy Charter Treaty and consider a coordinated withdrawal, Paris has said
CAN Europe | 4-feb-2021
RWE has filed an arbitration claim against the Netherlands, seeking compensation for the Dutch decision to phase-out electricity production from coal by 2030.
CIAR Global | 28-ene-2021
El 25 de enero de 2021, el tribunal del arbitraje de las energéticas alemanas Baywa ha emitido su laudo final en el que condena a España al pago de 22 millones de euros por daños y perjuicios en la inversión en renovables de las compañías.
Star Phoenix Group Ltd | 18-ene-2021
Star Phoenix Group Ltd has formally notified the government of Georgia of the existence of an investment dispute under the Energy Charter Treaty.

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