Las corporaciones de servicios han usado las disposiciones del arbitraje de disputas inversionistas- estado (ISDS) que se incluyen en los acuerdos comerciales y de inversión, para impugnar los intentos de los estados de regular los servicios públicos privatizados como el agua, la seguridad social y otros servicios.

En respuesta a varios gobiernos que han tratado de bajar las tarifas de los servicios públicos para las poblaciones más pobres o para enfrentar crisis económicas importantes, las compañías extranjeras han iniciado disputas ISDS, reclamando que fueron tratados “injustamente” debido a las pérdidas de utilidades.

Potencialmente, cualquier reforma importante de los estándares en relación a grandes infraestructuras o instalaciones asociadas a servicios públicos podría ser llevada ante el ISDS.

A finales de 2019, alrededor de 2/3 de todas las disputas del ISDS se referían al sector de los servicios en general, incluidos los servicios públicos pero también los servicios financieros, las telecomunicaciones, el transporte, la construcción, etc.

Las disputas más conocidas incluyen:

• Azurix (EEUU) vs Argentina: US$165 millones concedidos en el año 2006 al inversionista, un compañía de agua. La disputa surgió a partir de la contaminación del reservorio, lo cual convertía al agua del área como no potable. La empresa reclamó que el gobierno había expropiado su inversión y que negó a la empresa “un trato justo y equitativo” al no permitir aumento de tarifas y por no invertir suficientes fondos públicos en la infraestructura de agua potable (se invocó tratado bilateral Argentina-EEUU).

• Tampa Electric Company “TECO” (EEUU) vs Guatemala: la compañía de energía, de origen estadounidense, impugnó la decisión de Guatemala de bajar las tarifas de la electricidad que una compañía de servicios privada podía cobrar. TECO fue compensado con US$25 millones en el año 2013 (se invocó el CAFTA).

• TCW (EEUU) vs República Dominicana: La corporación estadounidense de administración de inversiones, la que era propietaria, en conjunto con el gobierno, de una de las tres empresas de distribución eléctrica de República Dominicana, demandó al gobierno por no aumentar las tarifas eléctricas y por no impedir el robo de electricidad por parte de las poblaciones pobres. El caso fue resuelto en el año 2009 por US$26,5 millones pagados al inversionista (se invocó el CAFTA).

Foto: Aqua Mechanical / CC BY 2.0

(marzo de 2020)