Artículos en Español
Intereconomia | 9-feb-2026
El grupo minero australiano Berkeley Energía ha presentado un memorial ante el CIADI en el que cifra en 1.250 millones de dólares (casi mil millones de euros) lo que pide a España. La compañía minera alega que las acciones de España contra su filial española y su proyecto en el país han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), según ha recalcado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La Estrella | 4-feb-2026
Panamá se prepara para el laudo final del CIADI en el arbitraje interpuesto por la constructora italiana WeBuild, bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre Italia y Panamá. Tras concluir la fase de pruebas, el tribunal delibera sobre un reclamo de $2,200 millones relacionado con la ampliación del Canal.
El Confidencial | 2-feb-2026
La reciente sentencia de 24 de noviembre de 2025 del Tribunal del Distrito de Columbia, en el caso Blasket Renewable Investments LLC vs. Reino de España, marca un punto de inflexión en la ejecución de laudos arbitrales CIADI en Estados Unidos y tiene unas profundas implicaciones para España.
CAN Europe | 30-ene-2026
Un mecanismo legal poco conocido pero poderoso está socavando la transición energética, al permitir que las empresas de combustibles fósiles demanden a los países que adopten medidas climáticas.
FPIF | 20-ene-2026
Durante la presidenta Xiomara Castro en Honduras, se hicieron esfuerzos para revertir la creación, muy impopular, de ciudades modelo conocidas como las ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas por Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS), que ascienden a unos 10 000 millones de dólares.
Instituto de Estudios Políticos (IPS) | 20-ene-2026
Durante la presidenta Xiomara Castro en Honduras, se hicieron esfuerzos para revertir la creación, muy impopular, de ciudades modelo conocidas como las ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas por Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS), que ascienden a unos 10 000 millones de dólares.
Palabras clave:
Estados Unidos ,
Honduras ,
intereses corporativos ,
litigios inversionista-estado | ISDS
Energiminas | 19-ene-2026
Lupaka Gold podría intentar hacerse con ciertos activos estatales peruanos a menos que el país le pague el laudo arbitral. El presidente de Lupaka, Gordon Ellis, afirmó que se ha identificado a la petrolera nacional peruana, Petroperú, que tiene “enormes deudas y paga grandes cantidades de dinero por ellas regularmente”, como un posible objetivo.
Prensa Latina | 15-ene-2026
El movimiento Revolución Ciudadana de de Ecuador, exigió al Gobierno respetar el mandato popular que rechazó el arbitraje internacional y cuestionó un tratado de inversiones negociado con Emiratos Árabes Unidos (EAU) por incluir ese mecanismo. La organización recordó que en el referéndum de abril de 2024 la ciudadanía votó en contra de incluir arbitraje internacional en convenios bilaterales.
America TV | 15-ene-2026
El Estado peruano realizó el pago de US$ 91 millones en cumplimiento del laudo arbitral del CIADI a favor del consorcio Kuntur Wasi. El desembolso se realizó por la resolución del contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya cancelación fue considerada injustificada por el tribunal internacional en 2024.
Acción Ecológica | 15-ene-2026
El Acuerdo habla de “protección recíproca”. El objetivo central es estimular el flujo de capital, no el bienestar social, ambiental o territorial. No se menciona a comunidades, pueblos indígenas, trabajadores ni naturaleza como sujetos de protección. El arbitraje inversionista-Estado es la arquitectura central del tratado, ignorando la función jurisdiccional del Estado. No incorpora referencias a tratados de derechos humanos. Tampoco condiciona la protección de inversiones al cumplimiento de estándares sociales o laborales.
