Durante la presidenta Xiomara Castro en Honduras, se hicieron esfuerzos para revertir la creación, muy impopular, de ciudades modelo conocidas como las ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas por Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS), que ascienden a unos 10 000 millones de dólares.