Proteger la Amazonía requerirá limitar la actividad económica destructiva, pero la Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados implica que tales acciones conllevan el riesgo de costosas demandas. Este mecanismo otorga a los inversionistas extranjeros—tales como empresas petroleras y operando en la Amazonia—un derecho especial para demandar a los gobiernos en tribunales arbitrales.