El trasfondo del litigio radica en la cancelación del Gaseoducto Sur Peruano (GSP), proyecto que se adjudicó a un consorcio integrado por las empresas españolas Enagás S.A. y Enagás Internacional S.L.U. El CIADI determinó que Perú violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado entre España y Perú.