Minart | 17 de marzo, 2025
Quavii lleva a Perú a arbitraje internacional tras conflicto con Osinergmin por tarifas de gas
Empresa de distribución de gas natural demanda al Estado peruano en el Ciadi tras agotar vías administrativas
La compañía Quavii, marca comercial de Gases del Pacífico y filial de Promigas en Perú, ha decidido llevar al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esta acción responde a discrepancias con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre las tarifas de distribución de gas natural en el norte del país.
El origen del conflicto
La controversia se originó tras la finalización del esquema tarifario que ProInversión había establecido al adjudicar el proyecto a Promigas. Concluido este periodo, Osinergmin recalculó la tarifa para los siguientes cuatro años. Sin embargo, la empresa considera que el nuevo monto no refleja adecuadamente las inversiones realizadas y afecta la viabilidad económica de su operación.
Según Miguel Maal Pacini, gerente general de Quavii, el proceso administrativo incluyó una prepublicación tarifaria en noviembre de 2024, seguida de una publicación oficial en diciembre. Posteriormente, la compañía presentó un recurso de reconsideración, pero fue rechazado por Osinergmin el 5 de enero de este año, agotando así las vías administrativas.
Impacto económico y legal
El punto central de la disputa radica en que Osinergmin estableció un precio de US$ 8.7 por millón de BTU para distribución y transporte virtual, muy por debajo del US$ 12 inicial pactado en el contrato de concesión. Quavii argumenta que este monto no reconoce las inversiones realizadas y desincentiva el crecimiento del sector.
“Esto es muy negativo para el sector porque no se está reconociendo las inversiones eficientes que realizamos. Desincentiva futuras inversiones y genera incertidumbre regulatoria”, expresó Promigás.
La vía internacional y el futuro de la masificación
Al haberse agotado las instancias administrativas en Perú, Promigas ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la suspensión de las obligaciones del contrato y ha iniciado los procedimientos para presentar el caso ante el Ciadi.
La empresa señala que este conflicto pone en riesgo inversiones proyectadas por US$ 335 millones en los próximos ocho años, necesarias para expandir la red de distribución de gas a 340 mil viviendas, beneficiando a más de 1.2 millones de peruanos.
Por el momento, se espera que el Estado peruano acepte un proceso de «trato directo» en abril o mayo, con el objetivo de alcanzar una solución negociada antes de que la disputa escale en el arbitraje internacional. Sin embargo, el desenlace dependerá de la disposición del gobierno de corregir la tarifa y garantizar estabilidad en el sector.
