Energía y ambiente

La mayoría de las disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) tienen que ver con asuntos ambientales. Las corporaciones usan cada vez más el sistema de ISDS que se encuentra en tratados de inversiones y de comercio a fin de desafiar las políticas ambientales.Para finales de 2019, cerca de 41% de todos los casos llevados ante el CIADI se relacionaron con recursos naturales y energéticos.

Los casos más conocidos incluyen:

• Lone Pine Resources (EUA) vs. Canadá: Lone Pine desafió la moratoria de Quebec a la controvertida práctica de la fractura hidráulica, o fracking, para buscar gas natural. El gobierno provincial de Canadá declaró una moratoria en 2011 con el fin de conducir evaluaciones de impacto ambiental del método de extracción, que es acusado ampliamente del lixiviado de químicos y gases a las aguas terrestres y de la contaminación del aire. El caso sigue en disputa (se invoca el TLCAN).

• Bilcon (EUA) vs. Canadá: la corporación estadounidense desafió los requisitos ambientales canadienses que afectan sus planes de abrir una cantera de basalto y una terminal marina en Nueva Escocia. En 2015, un tribunal de arbitraje decidió que la voluntad del gobierno era un obstáculo a las expectativas del inversionista. Entonces Bilcon obtuvo 7 millones de dólares, más intereses (se invocó el TLCAN).

• Vattenfall (Suecia) vs. Alemania: en 2007, la corporación de energía obtuvo un permiso provisional para construir una planta activada con carbón como combustible cerca de la ciudad de Hamburgo. En un esfuerzo por proteger el río Elba de las aguas residuales desechadas por la planta, se añadieron restricciones ambientales para la aprobación final de su construcción. El inversionista comenzó una disputa arguyendo que haría inviable su proyecto. El caso fue finiquitado en 2011, y la ciudad de Hamburgo accedió a bajar sus requisitos ambientales (se invocó el ECT)

Foto: Kris Krug / CC BY-NC-ND 2.0

(marzo 2020)

Vaaju | 3-jul-2018
Enagás has requested a proceeding before the ICSID against the Peruvian state after negotiating for six months without success to reach a friendly agreement in relation to the company’s investment in the Peruvian South Gas Management Project.
Le Temps | 2-jul-2018
Sur la base du Traité de la charte de l’énergie, des investisseurs étrangers réclament des sommes astronomiques aux Etats qui décident de passer aux énergies renouvelables.
Business Review | 29-jun-2018
The minister of culture says that the government has proposed the delay of the inclusion of Rosia Montana in the UNESCO World Heritage list until there is a final ruling in the case opened by Gabriel Resources against Romania.
Toronto Star | 24-jun-2018
NAFTA is a corporate rights agreement, not a free-trade agreement in the original sense.
Express Tribune | 24-jun-2018
Due to the failure of the caretaker government to deposit Rs15 billion security guarantee, a stay order in favour of Pakistan on the execution of the $846 million arbitration cost awarded to the Turkish firm, Karkey Karadeniz Elektrik Uretim has been vacated.
Expansión | 22-jun-2018
El Ciadi ha dictado un laudo arbitral que obliga a España a pagar 112 millones de euros a Antin por el recorte de las primas a las energías renovables en el que es su tercer fallo contra el país.
No al TTIP | 21-jun-2018
La campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión, formada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, se presentó ayer con un objetivo fundamental: que se conozcan y se discutan públicamente los distintos acuerdos con los que la Unión Europea quiere profundizar su política comercial.
IISD | 20-jun-2018
The Energy Charter Treaty was recently described, somewhat ominously, as “one treaty to rule them all”—ever-expanding and giving the power to corporations “to halt the energy transition.”
Mining.com | 15-jun-2018
Company is seeking $4.4bn in compensation for alleged losses related to its Rosia Montana gold and silver project, which Romania refused to approve following relentless protests.
Business Review | 14-jun-2018
Ten photovoltaic energy producers filed a request for arbitration proceedings against the Romanian government at World Bank’s International Centre for Settlement of Investment Disputes.