Salud

Las previsiones de arreglo de disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) propuestos en los acuerdos bilaterales o regionales de comercio le otorgan a las corporaciones farmacéuticos el derecho a demandar a los gobiernos en pos de compensaciones si las leyes nacionales afectan negativamente las futuras ganancias de su propiedad intelectual o sus inversiones, incluso en el caso de que estas leyes estén en concordancia con el interés publico. El mejor acceso a medicinas o el prevenir que medicinas ineficaces o poco seguras entren al mercado puede ser problemático.

Las principales corporaciones farmacéuticas estadounidenses, canadienses o francesas desafiaron en fechas recientes diversas medidas de salud promulgadas en favor del público mediante disputas ISDS.

Las compañías químicas también han utilizado el mecanismo ISDS en numerosos casos para desafiar prohibiciones nacionales de sustancias peligrosas.

Los casos más conocidos incluyen:

• Ethyl (EUA) vs. Canadá: tras la prohibición canadiense del tóxico aditivo de la gasolina conocido como MMT, el productor estadounidense demandó por 201 millones de dólares en compensaciones. En 1998, Canadá accedió a un arreglo y pagó 13 millones de dólares y retiró la prohibición (se invocó el TLCAN).

• Philip Morris Asia (Hong Kong) vs. Australia: Cuando Australia introdujo el empaquetado simple de todos los productos de tabaco en 2011, Philip Morris demandó a Australia ante un tribunal de arbitraje. En su fallo de diciembre de 2015, el tribunal de arbitraje desechó el caso, por lo menos en términos legales. Australia gastó unos 24 millones de dólares australianos en costos legales pero Philip Morris sólo pagó la mitad, lo que obligó a que los contribuyentes fiscales australianos pagaran la otra mitad. Una consecuencia de este caso, es que países que van de Namibia a Togo o Nueva Zelanda decidieron esperar antes de introducir un empaquetado simple para sus productos de tabaco. (Se invocó el TBI Australia-Hong-Kong).

• Dow Chemical (EUA) vs. Canadá: la corporación química inició una disputa por pérdidas supuestas causadas por una prohibición provincial de Quebec a plaguicidas del césped que contienen el ingrediente 2,4-D, clasificado como posible cancerígeno y uno de los ingredientes del Agente Naranja, el herbicida utilizado ampliamente durante la guerra de Vietnam. En el arreglo de 2011, se sostuvo la prohibición pero Quebec fue requerido a expresar que “los productos conteniendo 2,4-D no implicaban un riesgo inaceptable para la salud humana o el ambientes si se seguían las instrucciones incluidas en la etiqueta” (se invocó el TLCAN).

Foto: Aqua Mechanical / CC BY 2.0

(marzo de 2020)

Latin Lawyer | 17-abr-2020
Peruvian officials have warned that a proposed emergency measure suspending the collection of toll fees on the country’s road network in response to the outbreak of covid-19 could result in multiple ICSID claims.
IISD | 16-abr-2020
Governments are facing an imminent threat of investor–state arbitration as they take difficult decisions to support public health systems in a time of severe economic stress.
Kluwer Arbitration Blog | 9-abr-2020
States around the world have taken a variety of measures seeking to stem the spread of COVID-19. It is likely that some foreign investors may seek relief and/or compensation for any losses resulting from State measures.
EJIL:Talk! | 2-abr-2020
Allegedly arbitrary or disproportionate measures, albeit in the public interest, provide regular grist for the mill of investment treaty arbitration.
Hindustan Times | 2-abr-2020
In order to halt the spread of the coronavirus pandemic (Covid-19) and to boost the public health care system and preparedness, India has taken several regulatory steps.
Procuraduría General del Estado - Bolivia | 5-mar-2020
En abril de 2019, Futuro de Bolivia AFP S.A notificó a Bolivia sobre la existencia de una controversia en el marco de los acuerdos de inversión que el Estado suscribió con la Confederación Suiza y con el Reino de Suecia.
CIAR Global | 30-ene-2020
El empresario español Raimundo Santamarta, uno de los propietarios de la farmacéutica SM Pharma, ha presentado una notificación de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela bajo el Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela.

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