Por Antonio Lorenzo | 16 de octubre de 2024

Telefónica reclama a Perú hasta 1.122 millones por daños y perjuicios fiscales

El grupo Telefónica reclama al estado peruano 1.122 millones de euros por daños y perjuicios históricos, correspondientes a impuestos realizados en el país y provisiones fiscales de tributos pendientes de abonar. El monto total o parcial de esta reclamación -que pudiera o no retornar a las arcas de la teleco-, se conocerá a finales del próximo febrero de 2025 o inicio de marzo, según ha podido averiguar elEconomista.es. Para que esa incógnita se despeje deberá resolverse el arbitraje que desde hace más de tres años se dirime en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Por lo tanto, todo quedará en el aire hasta casi finales del próximo invierno, pendientes de una cuantía máxima que en el mejor de los casos equivale a casi la mitad de las ganancias de la teleco en 2023.

El área jurídica de Telefónica, junto con sus asesores fiscales del bufete Uría Menéndez, mide sus opciones en el Ciadi, no sólo para reintegrar los pagos ya realizados, sino también para desbloquear las provisiones de otros tributos exigidos por el fisco peruano.Los primeros se refieren a impuestos ya desembolsados por valor de 572,5 millones de dólares (523,6 millones de euros) con pagos efectuados al fisco peruano presuntamente contrarios a derecho.Y los segundos aluden a otras exigencias fiscales, de hasta 647,2 millones de dólares, (592 millones de euros) cuyas reservas se anotaron en las cuentas de la compañía de ejercicios precedentes. Estas últimas son cantidades exigidas por Perú, pero no pagadas por Telefónica, por considerar que violan los acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú. En el mejor de los casos, Telefónica podrá decidir la suerte de esas provisiones, ya sea mantenerlas en un país con alta inseguridad jurídica o reducir la deuda, entre otras opciones.

A las cifras anteriores se añaden otros 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros), relacionadas con el perjuicio emergente, de costes de asesores legales y fiscales, así como del establecimiento de fianzas en procesos locales.

Intereses de demora

De las cantidades ya desembolsadas y también provisionadas que afligen a la teleco desde hace tres décadas, el 80% de ellas procede de intereses acumulados por impagos no atribuibles a Telefónica en sus operaciones históricas en el país.

Ese multimillonario litigio llega ahora a su recta final con una decisión que podría batir récords en el Ciadi en cuanto a su dimensión económica para una empresa española. Telefónica acudió al organismo que dirime las diferencias relativas a inversiones internacionales el 12 de marzo de 2021.En su denuncia, el grupo español estimó que las medidas emprendidas por el ejecutivo peruano conculcaban gravemente las obligaciones del país en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, en concreto, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Perú (APPRI).

Entre otros asuntos susceptibles de laudo, el árbitro italobritánico Luca G. Radicati tendrá que valorar si el estado peruano actuó de forma justa y equitativa con Telefónica y si no incurrió en discriminaciones ni en prohibición de medidas arbitrarias. También deberá ponderar si Perú cumplió o no con su obligación de mantener la estabilidad, así como con el deber de no expropiar sin ofrecer compensaciones a los afectados.

En el mismo proceso también participa el árbitro canadiense Henri C. Álvarez, por parte de Telefónica, y el italiano Attila Massimiliano Tanzi, por el lado del estado peruano. Además de las oficinas de Uría Menéndez Abogados de Madrid y Lima, igualmente asesoran a Telefónica los despachos neoyorquinos y mexicanos de White & Case.

El hilo argumental de los asesores de Telefónica incide en tres perjuicios: el daño histórico (pagos efectuados en Perú en violación del referido APPRI; la contingencia fiscal (cantidades pretendidas por Perú en violación del Tratado, pero no pagadas a la fecha); y el daño emergente (costos de asesores legales y de fianzas en procesos locales).

La controversia entre Telefónica y Perú surgió hace 22 años, cuando una comisión del congreso peruano emitió un Informe Especial de Investigación sobre el proceso de privatización de las empresas públicas Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y Entel Perú. La primera fue vendida a Telefónica, por 1.300 millones de dólares en 1994, y la segunda siguió idénticos pasos a cambio de 1.200 millones de dólares en 1999. Ambas operaciones fueron realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El posterior gobierno de Valentín Paniagua, opositor a la dictadura fujimorista, encargó a la agencia tributaria del país (Sunat) un estudio en profundidad de Telefónica de Perú. Desde entonces, la subsidiaria de Telefónica apreció la persecución de Sunat, con decisiones que la teleco consideró arbitrarias y que elevó a los tribunales ordinarios, así como a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional.Tras 30 años de actividad, Telefónica del Perú ha tributado más de 2.675 millones de euros en el país, donde suma más de 10 millones de clientes de móviles y 900.000 abonados de fibra óptica.