Por Luciana Ghiotto | 23 de abril de 2024
Ecuador dijo “no” al arbitraje internacional: una decisión soberana con resonancia internacional en la pelea contra el mecanismo ISDS
El domingo 21 de abril ha sido un día histórico. El pueblo ecuatoriano votó masivamente por el NO en la pregunta del referéndum sobre si el Ecuador debía volver al arbitraje. El gobierno de Noboa perdió de forma rotunda en la Pregunta D, donde cerca del 65% de los ciudadanos votaron en contra. Ecuador se mantiene entonces fuera de este mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado (ISDS por su sigla en inglés), pasados ya siete años de haber terminado todos los tratados internacionales que incluían el arbitraje.
Es lunes 22 de abril por la mañana. Los votos aún se están contando, y la diferencia se sigue agrandando.
Ecuador no era cualquier país, este no era cualquier referéndum. Ecuador tiene una larga historia de resistencia al arbitraje, tanto así que el tema fue prohibido expresamente en la Constitución de 2008. La pregunta D del referéndum: “¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?” ponía en cuestión la modificación del artículo 422 de la Constitución. Desde 2017, cuando Ecuador terminó todos sus tratados de protección de las inversiones que contenían arbitraje, la derecha económica ha atacado sistemáticamente este artículo, argumentando que restringe la capacidad del país para recibir inversiones extranjeras.
Esto ha sido una victoria gigante para los movimientos sociales del Ecuador que en el tiempo récord de un mes y medio montaron una campaña ciudadana a escala nacional. Resultó ser un gran logro poner el foco de la campaña contra todo el referéndum en la pregunta sobre arbitraje. Esta pregunta estaba escondida dentro de una serie de preguntas relacionadas con la agenda de seguridad, especialmente el uso de las fuerzas armadas en la seguridad interior, en donde ganó el Sí. Sin embargo, la victoria del No fue aplastante en dos de las preguntas vinculadas a las políticas neoliberales: en la Pregunta D sobre arbitraje y en la Pregunta E sobre la posibilidad de que se permitieran los contratos laborales con trabajo por hora.
Pero existió el miedo a que ganara el Sí. Esto hubiera permitido nuevamente que los inversores extranjeros en el Ecuador pudieran saltar la justicia nacional y demandar al Estado en tribunales arbitrales internacionales cuando estos entienden que la política pública ha modificado de cualquier modo su ganancia, o su expectativa de ganancia.
Ecuador ya sabía de los privilegios que han tenido los inversores extranjeros en el país. Recientemente desde el Transnational Institute publicamos un informe que muestra que Ecuador es el 5to país más demandando de América Latina, donde los inversores extranjeros presentaron 29 demandas arbitrales . El dato más notorio es que la mitad de estas demandas están vinculadas a actividades en los sectores extractivos (hidrocarburos y minería). En un país que viene organizándose contra la extracción de minerales y de petróleo en áreas protegidas y de gran valor por su biodiversidad, hay experiencia de sobra para hablar de los privilegios de los inversores. Por eso la respuesta de las organizaciones sociales fue tan rápida, y sin dudas por ello el resultado del No es tan rotundo en la Pregunta D.
Una victoria para la lucha local y global contra el arbitraje
Ganó el No. Y, ¿qué pasa ahora? El artículo 422 se queda como está, tal como fue redactado en 2008 por la Asamblea Constituyente. Ecuador sigue fuera del arbitraje. Esto significa que el tratado de libre comercio que había firmado el gobierno de Lasso con Costa Rica queda paralizado. La Corte Constitucional ecuatoriana ya lo había declarado inconstitucional por incluir el mecanismo ISDS de arbitraje. Y el tratado con Canadá, que sería negociado este año, también queda congelado. Los inversores extranjeros presentarán demandas en la justicia nacional ecuatoriana, no el arbitraje, al igual que lo hace cualquier ciudadano ecuatoriano, cualquier pequeña o gran empresa nacional, cualquier comunidad afectada por el extractivismo. Sin arbitraje hay justicia nacional, como ha sido siempre en la etapa de los Estados-nación modernos. Ha sido así hasta la década neoliberal, hasta los años noventa.
Y festejamos porque la campaña fue un éxito. Logró juntar en un mismo objetivo a amigos y adversarios políticos. Por un lado, sectores del movimiento indígena y campesino, con la CONAIE al frente; el movimiento de Yasunidos, victorioso en la consulta popular de agosto de 2023 donde el pueblo votó por mantener el Yasuní sin explotación petrolera; la UDAPT, Unión de Afectados/as por Texaco-Chevron, que organizó rápidamente un toxic-tour a la provincia de Sucumbíos para mostrar a jóvenes influencers que no habían nacido en los años noventa, los impactos de la contaminación petrolera en la selva, que aún pervive; Acción Ecológica, parte de Ecuador Decide mejor sin TLC, una coordinación con experiencia de años en explicar el sistema jurídico que da privilegios a los inversores extranjeros.
A estos movimientos se sumaron decenas de otros desde todo el país para explicar qué es el arbitraje en radios locales, comunitarias, canales de televisión regionales, en redes sociales. Fueron a hablar a cada lugar donde fueron convocados, mostrando los números de los impactos del arbitraje en Ecuador, explicando cómo funciona el mecanismo, dando el debate con periodistas no tan convencidos. Entraron en escena los nuevos medios de comunicación, especialmente los que miran los jóvenes: Instagram, Tik Tok, Twitter, Whatsapp. Todo medio fue válido, todo tweet fue reenviado, todo mensaje amplificado. La campaña fue acelerada, pero certera: el mensaje central era votar No en la pregunta D, dentro de una campaña más grande por el No en las 11 preguntas del referéndum, sobre lo que no todos estaban de acuerdo.
A la par de los movimientos trabajaban los equipos de Revolución Ciudadana, con ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa a la cabeza, aquel equipo de jóvenes economistas y abogados que impulsaron la Comisión de Auditoría Integral de los Tratados de Inversión y del Sistema de Arbitraje (CAITISA) en 2013 y que hoy ocupan lugares importantes dentro del partido, como el propio Andrés Arauz, quien fuera candidato a la presidencia. Este grupo sabía perfectamente de los impactos negativos del arbitraje, porque en sus años en el gobierno convirtieron este tema en su caballito de batalla. Esa lucha dio sus frutos, ya que los resultados de la CAITISA avalaron la decisión del gobierno de terminar todos los tratados con protección de inversiones extranjeras, dejando una bomba política en manos del sucesor Lenin Moreno. Este presidente, junto con los que vinieron después, intentaron bajo todo concepto derribar el artículo 422 de la Constitución, pero no pudieron. Esto fue sin dudas el mérito no solo del equipo de gobierno de Correa, sino de los constituyentes que redactaron e incorporaron este artículo en la Constitución de 2008, ya que lograron edificar un candado, una pared legal que mantuvo la prohibición del arbitraje incluso frente a los intentos desesperados de la derecha económica.
A los grupos locales se suma el apoyo internacional. Porque el rechazo al arbitraje no es un tema nacional y ni siquiera regional: es global. El arbitraje ISDS ha generado numerosas críticas desde los ámbitos académico, profesional, gubernamental y de la sociedad civil de todo el mundo. Rápidamente se articuló una declaración global que contó con el apoyo de más de 150 organizaciones sociales, incluyendo la European Trade Justice Coalition, una coalición que nuclea a más de 50 organizaciones y redes en todo el territorio europeo, y que tiene una vasta experiencia de resistencia frente al arbitraje, incluyendo la victoria reciente cuando varios países europeos anunciaron la salida del Tratado de la Carta de Energía (un mega-tratado con arbitraje que beneficia a los inversores especialmente del sector de energía fósiles). Se sumó también la Plataforma América Latina mejor sin TLC, que coordina a una parte importante de las organizaciones que vienen peleando contra el libre comercio y el arbitraje, desde allá lejos, desde la campaña contra el ALCA hace más de dos décadas.
No se intenta quitar aquí valor al trabajo de las organizaciones ecuatorianas en la victoria del No, pero sí es importante resaltar que cada movimiento que pelea contra el arbitraje en cualquier parte del mundo recibe la solidaridad y el apoyo internacional. La pelea contra el arbitraje y los tratados de inversión es parte de una red global de luchas que lleva veinte años, y se activa rápidamente al ser requerida. Porque se entiende que la pelea por una globalización más justa es global, las batallas se dan en los foros internacionales, pero también a escala local, nacional. Y en Ecuador, esta lucha terminó ayer en una victoria, teniendo una resonancia enorme en las luchas contra el arbitraje en todo el mundo. Por ello, vale decir nuevamente: gracias, Ecuador, nos sigues mostrando que es posible decirle no al poder económico y sus acólitos legales.
