Por CIAR Global | 12 de septiembre 2023
Bolivia debe pagar 253,5 millones (US$) a la minera Glencore
La nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el centro minero de Colquiri, que operaba la minera Glencore Finance (Bermudas), le costará a Bolivia más de 253 millones y medio US$. El procurador del Estado César Siles anunció el monto incluido en el laudo final del arbitraje, a la vez que anunciaba que se plantean la apelación y la solicitud de anulación del documento.
El tribunal del arbitraje, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, lo han formadoel mexicano Ricardo Ramírez Hernández (presidente), el estadounidense John Y. Gotanda (designado por la demandante) y el franco-británico Philippe Sands (designado por la demandada).
Según las declaraciones de Siles, a pesar de haber conseguido una reducción en el monto demandado por la empresa (el procurador cifra en 778 millones la última reclamación), la Procuraduría se plantea la solicitud de anulación del laudo.
El conflicto
Las fundiciones de estaño y de antimonio en Vinto y el arrendamiento de la mina de Colquiri fueron nacionalizadas por el Estado boliviano, según información de la Procuraduría, en: “2007, 2010 y 2012, respectivamente, debido a las ilegalidades cometidas en el proceso de privatización y a los graves conflictos sociales ocurridos en Colquiri a mediados del año 2012”.
Glencore Finance presentó el arbitraje de inversiones en julio de 2016, alegando que durante diez años había intentado el diálogo con el Gobierno para acordar una compensación de manera infructuosa. El arbitraje se presenta en el marco del tratado de protección de inversiones suscrito entre Bolivia y Gran Bretaña bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en las instalaciones de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París.
Representantes de las partes
Glencore: Nigel Blackaby, Noiana Marigo, Natalia Zibibbo, Guadalupe López, Juan Pedro Pomés, Jean-Paul Dechamps y Giulia Previti (Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP).
Bolivia: Pablo Menacho Diederich, Ernesto Rossell Arteaga, Marco Ergueta Flores (Procuraduría General del Estado); y Eduardo Silva Romero, José-Manuel García Represa, Maria Claudia Procopiak, Álvaro Galindo, Juan Felipe Merizalde (Dechert LLP).
