Amenazas trasnacionales ante la reforma judicial

Por Manuel Pérez Rocha L.* | 9 de septiembre de 2024

Amenazas trasnacionales ante la reforma judicial

Hay que tomar muy en serio las amenazas de la Cámara Internacional de Comercio de más demandas en contra de México en tribunales internacionales ante la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada, y actualmente en discusión en el Senado (Insiste la IP sobre riesgos para las inversiones, La Jornada, 4/9/24).

El gobierno de Claudia Sheinbaum heredará, ya de por sí, 23 demandas inversionista-Estado (ISDS) pendientes de empresas trasnacionales; 21 de ellas se interpusieron durante el sexenio de AMLO, y fueron motivadas por regulaciones y acciones ejercidas para afianzar la 4T; muchas por devolver la rectoría de los hidrocarburos y la electricidad al Estado, y por impedir proyectos mineros destructivos del ambiente, a los que comunidades locales se oponen. Las demandas son el castigo a la 4T por intentar revertir el neoliberalismo, pero también el costo de avalar las propias reglas que implican los tratados de libre comercio (TLC) y bilaterales de inversión (TBI), firmados por los anteriores gobiernos neoliberales.

Se acaba de publicar una versión actualizada de la Radiografía del poder trasnacional en México, en la cual se analizan las consecuencias del régimen de protección de inversiones bajo los TLC y TBI. Es publicado por el Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Enlace Comunicación y Capacitación, AC, Educa AC, Otros Mundos Chiapas, AC y Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), entre otras organizaciones (https://isds-americalatina.org/mexico/).

El reporte halló que México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (Appri o TBI) vigentes, la mayoría de ellos (18) con países europeos. Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De ésos, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipulan los tratados para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar o salirse más del 70 por ciento de todos sus TBI, para evitar más demandas.

Sin embargo, la mayoría de las demandas contra México vienen de empresas estadunidenses y canadienses, bajo el TLCAN y ahora el T-MEC. Desde que se formó la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), cuando se negociaba el TLCAN, se señalaba que los enormes privilegios que se otorgarían a las inversiones extranjeras socavarían seriamente la soberanía nacional. Lo primero que hizo Adolfo Aguilar Zínser cuando fue mi maestro de una materia sobre Norteamérica, en la FCPS de la UNAM en 1991, fue preguntarnos si considerábamos si EU era un imperio para México. Muchos respondimos que sí, la respuesta que él esperaba. Después, desarrolló el curso explicando cómo el TLCAN, en negociaciones entonces, era un proyecto de anexión económica de México a EU, con base en sus prioridades estratégicas, incluyendo la energía.

Esta anexión económica causó la destrucción del campesinado, la quiebra de sectores productivos y las privatizaciones de bienes públicos en México. Pero como explica Jeff Faux en La guerra global de clases (https://tinyurl.com/4ykd9wsy), el TLCAN fue un proyecto de intereses de clase trasnacional. También significó lo que Dan Kaufman llama, en artículo reciente, uno de los acontecimientos más trascendentales de la reciente historia política y económica de Estados Unidos. Explica que entre 1997 y 2020 cerraron más de 90 mil fábricas, como consecuencia del TLCAN y acuerdos similares. Y advierte que “es posible que las próximas elecciones presidenciales, como las dos previas, estén determinadas por tres de los estados del ‘muro azul’ –Wisconsin, Michigan y Pensilvania–, todos afectados por la desindustrialización. En 2016, Donald Trump ganó esos estados, y la presidencia, en parte arremetiendo contra el TLCAN” ( The New York Times en español https://tinyurl.com/dmuapa3x).

Independientemente de quién gane la presidencia este noviembre en Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum se tendrá que enfrentar al entramado de privilegios que los TLC y TBI otorgan a corporaciones trasnacionales. Sheinbaum tendrá oportunidad en el próximo G-20, que se desarrollará en Brasil el 18-19 de noviembre, de promover lo que justamente se planeta en el editorial de La Jornada el pasado 3 de septiembre: “Los gobiernos comprometidos con la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la democracia y los derechos humanos deben formar un frente común a fin de crear los mecanismos institucionales, jurídicos, tecnológicos, económicos y políticos necesarios para marcar un alto a individuos (en referencia a Elon Musk) y corporaciones que constituyen poderes supranacionales de facto con una indisimulada disposición a subvertir países enteros” (https://www.jornada.com.mx/2024/09/03/edito).

Países miembros del G-20 que han terminado sus TBI con países europeos incluyen India, Indonesia y Sudáfrica; además, cada uno ha desarrollado su propio modelo alternativo de TBI, al igual que Brasil. Es más, Alemania, Francia, Italia y toda la Unión Europea se han retirado del Tratado de la Carta de la Energía justamente por incluir el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS). Otros miembros del G-20 han eliminado ISDS en sus tratados bilaterales, como el Reino Unido y Australia, y, de gran importancia para México, Estados Unidos y Canadá entre sí, lo cual debe buscar México en la revisión del T-MEC en 2026.

En México y en muchos países del mundo se pretende que los TLC y TBI son meros instrumentos jurídicos, técnicos, para facilitar nuestras exportaciones y atraer inversión extranjera para generar crecimiento económico a toda costa. En Radiografía del poder proponemos al segundo gobierno de la 4T realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (bajo TLC o TBI) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana y no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, especialmente el pendiente de ser ratificado con la Unión Europea. Comercio justo y democracia ahora.

*Investigador del Institute for Policy ­Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org

source: La Jornada