UE-ANZ (Tratado Unión Europea-Australia y Unión Europea-Nueva Zelanda)

La Unión Europea (UE), Australia (A) y Nueva Zelanda (NZ), comenzaron a discutir la posibilidad de negociar dos acuerdos integrales de libre comercio —UE-Australia y UE-Nueva Zelanda—, en 2015. Tras la decisión estadounidense de salirse del Acuerdo Transpacífico en enero de 2017, la UE vio la oportunidad clave de avanzar fortaleciendo su posición en la región de Asia y el Pacífico.

El acuerdo comercial de la UE con Canadá se ha mencionado a veces como el modelo de los acuerdos propuestos con Australia y Nueva Zelanda. Como lo especifican las directrices de las negociaciones de UE adoptadas en 2018 (ver aquí las relacionadas con el acuerdo UE-Australia o UE-Nueva Zelanda), los acuerdos cubrirán una amplia gama de tópicos incluyendo el comercio de bienes, el comercio de servicios (incluido el intercambio digital) y las inversiones.

La agricultura va a ser una de las áreas más contenciosas de discusión. Para Australia tanto como para Nueva Zelanda es importante su agresivo enfoque que privilegia la agroindustria dirigida a las exportaciones con base a extensivos cultivos y granjas animales de gran escala. Los productores europeos de carne se preocupan de que llegue al mercado de la UE carne más barata si se concretan estos tratados. Los productores de Australia y Nueva Zelanda, por otra parte, se preocupan de que los esquemas de indicaciones geográficas impulsados por la UE les impidan asumir nombres como Feta, Parmesano o Camembert para sus quesos producidos localmente.

En Nueva Zelanda, el acuerdo está siendo impugnado por prometer “más de lo mismo” pese a que las campañas insistan en que las medidas del gobierno son progresistas. “Podemos esperar capítulos que prometan ayudar a las mujeres, los pueblos originarios, los trabajadores y las empresas pequeñas y medianas, para que prosperen mediante el comercio, junto con la cooperación en el cambio climático y la sustentabilidad. Pero seguirán sin cambio alguno las regulaciones de comercio que generan desigualdades, favorecen a las corporaciones transnacionales más acaudaladas, amenazan los empleos, consumen los combustibles fósiles y destruyen el ambiente”, advierte la profesora y activista jane Kelsey.

Los acuerdos incluirán previsiones de cooperación regulatoria. El propósito es reducir las diferencias entre las regulaciones de los países participantes, en lo social y en materias ambientales y de salud, que son vistas por las grandes corporaciones como “barreras al comercio”. Las corporaciones también pujan por ser notificadas de cualquier nueva regulación propuesta y que se les conceda la oportunidad de comentarla de tal modo que no afecte excesivamente sus ganancias.

La Comisión Europea ha indicado su deseo de meter las negociaciones al “carril de alta velocidad”. Para impedir la ratificación por parte de todos los parlamentos nacionales y regionales europeos, se ha excluido el controvertido mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, debido a las fuertes críticas por parte de los movimientos sociales y al requisito de consenso de todos los miembros de la UE. Al excluir este controvertido mecanismo, los acuerdos solamente requerirán la aprobación del organismo de la UE para ser ratificado del lado europeo.

En Australia y Nueva Zelanda, los acuerdos comerciales son aprobados por los gabinetes ejecutivos. No requieren del voto de los parlamentos. No obstante, si se requirieran cambios a las leyes nacionales, entonces los parlamentos tendrían que votar para hacer efectiva la legislación.

última actualización: junio de 2018
Foto: Bernard Spragg/Public domain