Tras la recepción de la nota remitida el 16 de julio por la casa matriz romana de Enel, comenzó a correr un plazo de seis meses para que el Gobierno responda. Si no lo hace, a mediados de enero del próximo año, el grupo italiano tendrá el camino liberado para ir al tribunal internacional a denunciar al Estado por el incumplimiento de tratado de protección de inversiones extranjeras.