UNCITRAL | 11 de marzo, 2019

Carta de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas al GT III de la CNUDMI sobre la reforma de la ISDS

Para comenzar, quisiéremos expresar nuestra preocupación principal de que los acuerdos internacionales de inversión (AII) y su mecanismo del SCIE han demostrado a menudo ser incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y el estado de derecho. Los titulares de los mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y otros expertos en derechos humanos han enfatizado repetidamente los riesgos que los AII y el SCIE suponen para el espacio reglamentario requerido por los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos así como para alcanzar los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La naturaleza inherentemente asimétrica del sistema SCIE, la ausencia de obligaciones de derechos humanos para los inversores, los costes exorbitantes asociados con los procedimientos del SCIE y la cantidad extremadamente alta de laudos arbitrales son algunos de los elementos que conducen a restricciones indebidas del espacio fiscal de los Estados y a socavar su capacidad para regular las actividades económicas y para hacer efectivos los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. El sistema SCIE puede también afectar el derecho de las comunidades afectadas a buscar reparaciones eficaces contra los inversionistas por violaciones de derechos humanos relacionadas con sus proyectos. En algunos casos, el mecanismo del SCIE, o la mera amenaza de emplearlo, ha provocado un enfriamiento de la reglamentación y ha disuadido a los Estados de adoptar medidas encaminadas a la protección y promoción de los derechos humanos.
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