Algunos tratados bilaterales y regionales ya concretados o propuestos, como el TLCAN y el ALCA ya contienen capítulos referidos a la política de competencia. El objetivo de quienes impulsan la inclusión de la política de competencia en los acuerdos de libre comercio es limitar la discreción y la flexibilidad de los gobiernos receptores para regular el ingreso y las operaciones de las empresas extranjeras, e impedir que las empresas nacionales reciban ningún tipo de trato más favorable. La política de competencia ha sido una herramienta clave en el desarrollo económico en el Norte y en el Sur. Según el analista de comercio e inversiones neozelandés Bill Rosenberg, “Las grandes potencias industriales protegieron efectivamente a sus industrias contra la competencia extranjera hasta mucho tiempo después que hubieran echado raíces, ya sea a través de reglas explícitas o informales, o por haber estado primero en el mercado. Eso ayudó en gran medida a su desarrollo. Ahora proponen patear la escalera que utilizaron, para impedir que otros países asciendan. El efecto a largo plazo es disminuir la competencia”. Eso es en definitiva lo que ocurre cuando se expone a las empresas locales a la competencia con las empresas transnacionales.
Muchos gobiernos del Tercer Mundo se han resistido a que la OMC siga expandiéndose para incluir en la arena internacional temas que hasta ahora se resolvían en el ámbito político nacional. La agenda de la UE e materia de política de competencia en la OMC tiene poco que ver con encarar y frenar la explosión de fusiones y adquisiciones de empresas transnacionales que ha resultado en la concentración y control del poder político y económico en manos de unas pocas empresas y en crecientes abusos de poder en el mercado. Por el contrario, su propósito es limitar las opciones políticas de los países del Sur global de manera tal que las empresas europeas puedan irrumpir en nuevos mercados, e imponer políticas de competencia nacionales que les permitan a las empresas transnacionales operar en condiciones de igualdad con las empresas nacionales. Del mismo modo, la UE también ha sido criticada por insistir en la inclusión de la política de competencia en sus Acuerdos de Asociación Económica (AAE, mejor conocidos como EPA por su sigla en inglés) con los países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP). La política de competencia de Malasia ha constituido asimismo un punto de fricción importante en las negociaciones para un TLC con Washington.
Los acuerdos sobre política de competencia incluidos en el marco de los tratados de liberalización del comercio y las inversiones pueden obligar a los países a establecer nuevas autoridades en materia de competencia o a adaptar los regímenes de competencia nacionales ya existentes al marco de las política mundiales uniformes para todos. A la vez que agobian a los Estados con los costos de aplicación y cumplimiento asociados, por ejemplo, a la creación de nuevas agencias y leyes de competencia que pueden resultar inadecuados a los contextos locales específicos (sin mencionar la sobrecarga que implica para los funcionarios públicos de comercio un nuevo y complejo conjunto de problemas), los acuerdos sobre política de competencia en los TLC les podrían impedir a los gobiernos utilizar el mismo tipo de herramientas y flexibilidad para elegir las políticas apropiadas a sus realidades, que los propios proponentes de estas disposiciones emplearon en diversas etapas de su desarrollo industrial.
