ONGs reclaman participar en los juicios por la renegociación de los servicios públicos argentinos

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ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE CONSUMIDORES RECLAMAN PARTICIPAR EN LOS JUICIOS POR LA RENEGOCIACIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Organizaciones sociales y de consumidores presentaron un escrito ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI), con sede en Washington, con el fin de solicitar transparencia y participación en los casos donde las principales empresas privatizadas de servicios públicos demandaron a nuestro país.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, la Unión de Usuarios y Consumidores, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) se presentaron en calidad de Amicus Curiae, en la causa de Aguas Argentinas/Suez contra el Estado argentino. Al igual que en las restantes demandas, la empresa reclama una indemnización por los daños causados a las inversiones a raíz del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos luego del default.

El litigio en el CIADI, que depende del Banco Mundial, está en el centro de la controversia que mantiene el Gobierno con la empresa por la prestación del servicio de agua en la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense.

De acuerdo al actual procedimiento del CIADI la tramitación de los casos se mantiene en secreto, sin que los usuarios puedan acceder a la información ni participar en los procesos arbitrales, en donde se discuten cuestiones que afectan de manera directa los derechos de los residentes del área de prestación de servicios públicos esenciales. Las presentaciones de las partes no se dan a publicidad y tanto las audiencias como las deliberaciones del tribunal se celebran en privado sin publicarse posteriormente.

“Esta situación vulnera el derecho de acceso a la información y participación ciudadana en materia de servicios públicos que consagra nuestra Constitución Nacional”, expresó Horacio Bersten, representante de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Las organizaciones reclaman acceso a las audiencias, registros y documentos del proceso, y también la posibilidad de acercar al tribunal argumentos de derecho internacional e interno -en materia de salud pública, servicios esenciales, nivel de vida adecuado, vivienda, y defensa del consumidor- para que sean tenidos en cuenta a la hora de resolver sobre el fondo de la controversia planteada.

En el escrito presentado ante el CIADI se explica que el caso reviste claro interés público ya que “las decisiones cuestionadas por Aguas Argentinas S.A. constituyen medidas de carácter general adoptadas por el Estado Argentino haciendo uso de su potestad regulatoria, que guardan íntima relación con el modo en que los habitantes acceden y gozan de un servicio público esencial como es el de agua potable y saneamiento”.

Según Víctor Abramovich, director ejecutivo del CELS, “el objetivo buscado con esta presentación es acceder a la información del litigio, aportar nuevos argumentos desde la perspectiva de las personas directamente afectadas, y fiscalizar su tramitación, lo que incluye el control de la defensa que ejerce el propio Estado”.

Además de la confidencialidad de los procedimientos, y la exclusión de este ámbito de los ciudadanos afectados, las organizaciones cuestionan la existencia de serios conflictos de intereses en el mecanismo arbitral, debido a la estrecha relación existente entre el CIADI y las restantes instituciones que forman el Banco Mundial, en particular el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). El Presidente del Banco Mundial es ex oficio Presidente del Consejo Administrativo del CIADI, y puede en ciertos casos designar árbitros del tribunal incidiendo por lo tanto de manera decisiva en la suerte de los arbitrajes y las conciliaciones.

“Bajo estas condiciones de funcionamiento la plena publicidad de las actuaciones y la participación de la ciudadanía se torna imprescindible para asegurar la equidad y el debido proceso”, señaló Gustavo Maurino, director de ACIJ.

En tal sentido, en la presentación se señala que las instituciones del Banco Mundial tienen interés concreto en los casos que se ventilan ante el CIADI : La CFI es acreedora del 20% de la deuda internacional de la empresa y dueña del 5,2% del paquete accionario de Aguas Argentinas S.A. y el BIRF ha jugado un rol protagónico en el diseño del marco regulatorio de los servicios públicos concesionados, y en el proceso de privatización, incluyendo el de aguas.

La exigencia de apertura y participación de usuarios, ambientalistas y otras organizaciones que representan a afectados es una tendencia en algunos tribunales y organismos arbitrales internacionales en casos en donde se debaten conflictos de interés público, por lo que se requiere al CIADI que levante el secreto que envuelve los casos como el de Aguas Argentinas.

Las organizaciones presentantes también anunciaron que denunciarán las deficiencias estructurales procedimiento del CIADI ante las autoridades del propio Banco Mundial y los países interesados.

La versión en español de la presentación está disponible en : www.cels.org.ar

La versión en inglés de la presentación está disponible en : www.ciel.org


CONSUMERS AND HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS REQUEST TRANSPARENCY AND PARTICIPATION AS AMICUS CURIAE IN INTERNATIONAL ARBITRATION PROCEEDINGS INVOLVING ARGENTINA

Consumers and human rights organizations have petitioned an arbitral investment tribunal administered by the World Bank International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), requesting transparency and participation in the arbitration proceedings initiated by privatized public services companies against Argentina.

On January 27, 2005, the Center for Legal and Social Studies (CELS), the Civil Association for Equality and Justice (ACIJ), Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, Unión de Usuarios y Consumidores, and the Center for International Environmental Law (CIEL) submitted a petition for transparency and participation as amicus curiae to an ICSID Tribunal hearing a case brought by Suez’ subsidiary, Aguas Argentinas S.A., against Argentina.

This investment dispute before an ICSID Tribunal is at the heart of the controversy between the Argentine Government and a foreign investor concerning the provision of water and sanitation in the City of Buenos Aires and 17 districts of the Province of Buenos Aires (the largest concession area in the world). As in the other arbitration proceedings brought by companies supplying public services, Aguas Argentinas S.A. is demanding massive compensation for the alleged impact on its business brought about by the general economic emergency measures adopted by the Argentine government during the 2002 economic crisis.

Although this arbitration concerns the provision of essential public services in the City and Province of Buenos Aires, the public and the press have not had access to the documents presented in the arbitration. “This situation violates the right to access information and the right to participate in matters related to the provisions of public services, both rights protected in the Argentine Federal Constitution”, said Horacio Bersten, representative of the Unión de Usuarios y Consumidores, whose members live in the concession area.

The civil society organizations requested access to the hearings and to the documents produced in the arbitration. Additionally, they requested that the tribunal take into consideration fundamental international and internal rights and standards relating to public health, access to essential services, adequate standards of living, housing and consumer rights. The petitioning organizations — experts in such subject matters — requested leave from the tribunal to submit an amicus curiae brief to aid the tribunal in resolving these issues.

According to Víctor Abramovich, executive director of CELS, “our objective is to gain access to the information of the dispute, to provide new arguments from the perspective of the people affected, and to act as a watchdog in the process, including with respect to Argentina’s defense.”

The petition for transparency and participation also elaborated on the public interest nature of the dispute, observing that the decisions questioned by Aguas Argentinas S.A. involve general measures adopted by the Argentine State in the exercise of its regulatory power, that closely relate to the manner whereby inhabitants have access to, and enjoy, essential public services like drinking water and sanitation.

In spite of the public interest involved in the investment dispute, the public has not had access to the arbitration documents and hearings. “Investment treaty arbitrations resemble a medieval order, where obscurantism, obfuscation, and secrecy are suppressing democratic values”, observed Marcos Orellana, Senior Attorney with the Center for International Environmental Law.

The need for transparency and the participation of consumer, human rights, or environmental organizations in cases that concern the public interest has been recognized by other international courts. The petition underscores that the trend toward greater transparency and participation in international adjudication reflects progress in the direction of an international legal order where the fundamental rights of all peoples can be fully realized, in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights.

In their petition for transparency, the civil society organizations point to the serious conflicts of interest apparent in this case. These conflicts of interest arise from the close relationship between ICSID and the other institutions of the World Bank Group that have a concrete interest in the case, particularly the International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) and the International Finance Corporation (IFC). In fact, the IBRD played a central role both in the design of the regulatory framework and in the privatization of water services. Further, the IFC holds 20% of Aguas Argentinas S.A. international debt and owns 5% of its equity shares. In addition, the President of the World Bank is ex oficio President of ICSID’s Administrative Council, and in some circumstances has the power to appoint arbitrators.

Gustavo Maurino, director of the Civil Association for Equality and Justice, pointed out that, “Under these conditions, the publicity of the files and the participation of the citizens becomes crucial to secure equity and due process”.

The Spanish version of the petition can be found at : www.cels.org.ar

The English version of the petition can be found at : www.ciel.org

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