HSBC iniciaría arbitraje : cuestionan al sistema de justicia de El Salvador

El Economista | 18 enero, 2021

HSBC iniciaría arbitraje : cuestionan al sistema de justicia de El Salvador

Por Irma Cantizzano/ Rosa María Pastrán

El banco informó al ejecutivo, fiscalía y corte suprema que de no obtener respuesta a una solicitud de Amparo en el caso que perdió ante José Salaverría, iniciará un proceso contra el país. la Sala de lo Civil le ordenó el año pasado que le pagara $49.3 millones al empresario.

La holding de HSBC Latinoamérica ha presentado una carta por medio del bufete internacional Linklaters a la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República notificando que se alista a iniciar un proceso legal si su demanda no es resuelta en un periodo de tres meses.

La demanda implica la resolución de una solicitud de amparo contra el fallo que dio la Sala de lo Civil en julio de 2019 ordenando al Banco Davivienda (que antes de 2012 era banco HSBC) a pagar 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos a José Antonio Salaverría en concepto de "daño emergente y lucro cesante" por un juicio iniciado en 2009.

La demanda de amparo por parte de Davivienda fue presentada el 30 de julio de 2019 "por considerar que ésta contiene una serie de violaciones a los derechos constitucionales del banco", detalla la publicación.

Davivienda adquirió en 2012 los activos de Banco HSBC en El Salvador, pero según la carta enviada por los abogados de HSBC, en poder de LA PRENSA GRÁFICA, excluyó ciertos pasivos, "incluidos los derivados de un litigio con IJASAL (Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía, de Capital Variable)".

La carta fechada del 17 de diciembre de 2020 detalla que "notifica a El Salvador que si la disputa no se resuelve dentro de los tres meses siguientes a la fecha, HLAH (HSBC Latinoamerica Holding) iniciará un procedimiento de conformidad con el Artículo 8 del Tratado entre El Salvador y el Reino Unido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) sin previo aviso", aunque detalla que espera que la Sala Constitucional de la Corte Suprema atienda "sin demora" la solicitud que tiene ante sí relacionada con el caso.

El CIADI es una institución parte del Grupo del Banco Mundial responsable a escala global de "arreglar diferencias relativas a inversiones internacionales". De llegar a este punto, sería el tercer caso que dirima en el que El Salvador esté involucrado (ver recuadro superior).

Cuestionan al sistema

La misiva enviada por los abogados de HSBC, a la que este periódico tuvo acceso, señala que la entidad financiera buscaba recuperar una deuda por $2.1 millones en los tribunales salvadoreños y en los procesos la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha provocado que HSBC incurra en una "responsabilidad potencial de más de $49.3 millones".

Asimismo, cuestionan la "demora sumamente inusual e irrazonable" de parte de la Sala Constitucional al no admitir la demanda de Amparo y la "inusual rapidez y naturaleza de la ejecución de la sentencia de la Sala Civil".

El banco aduce que el país tiene obligaciones con empresas británicas en base al acuerdo con el Reino Unido firmado en 1999 en que El Salvador se comprometía a otorgarles a los inversionistas "un trato justo y equitativo y protegerlos de un trato irrazonable y discriminatorio en su territorio". Y lo que ellos han recibido ha sido "una denegación de justicia", "un trato injusto", por parte del país, por lo tanto la violación a estos derechos implican que "El Salvador mismo será finalmente responsable de compensar" a la institución.

Por lo tanto si la "disputa sigue sin resolverse, HLAH buscará recuperar de El Salvador el valor total de cualquier responsabilidad en la que haya incurrido como resultado de la conducta de los tribunales...", recalca la carta.

Hablan los abogados

LA PRENSA GRÁFICA pudo conversar con Leopoldo Ortega, director jurídico de HSBC Latinoamérica, y Fernando González, asesor jurídico del banco, que señalaron que el acuerdo de compraventa de la operación en El Salvador implicó la exclusión de ciertos pasivos, ahí se determinó que HSBC iba a quedar responsable (por garantía contractual) de este litigio en específico. Es así que si Davivienda tiene que pagar, son ellos (HSBC) los afectados porque tienen que reembolsar esos fondos, como ya se hizo en el primer desembolso que hizo la institución de $7.6 millones al demandante y un capital de reserva que ha hecho ante el Ministerio de Hacienda por $7.7 millones .

Para Ortega, HSBC inició cobranza por incumplimiento de pago por un crédito de $2.1 millones pero al final "nos ha tocado pagar a nosotros 25 veces el monto que prestamos...".

Salaverría realizó una demanda por $22 millones al haber sido embargado y no haber recibido financiamiento, según se detalla en las mismas, pero esta demanda en primera y segunda instancia recibió una "declaración de ineptitud" (consideraban que no procedía). El caficultor apeló ante la Sala de lo Civil y está resolvió en base a peritaje que el banco debía pagarle $49.3 millones.

"Vamos a proceder en contra del Gobierno de El Salvador por la falta de Estado de Derecho, aplicación de justicia, en base a un tratado firmado por parte del gobierno del Reino Unido y El Salvador por los daños y perjuicios que estamos sufriendo, al final de ese caso esperamos que la justicia si prevalezca y quien va a terminar pagando estas omisiones e irregularidades (del sistema de justicia) va a ser el mismo pueblo de El Salvador", dijo Ortega.

Explicaron que este caso lo han dado a conocer a autoridades de diversos países, entre ellos el Reino Unido, sede de la casa matriz del banco.

"Como Embajada estamos enterados del caso y de la carta que menciona, y estamos en contacto regularmente con HSBC", confirmó la Embajada Británica a LA PRENSA GRÁFICA, al ser consultada sobre la misiva enviada en diciembre por los abogados de la firma a los poderes ejecutivo y judicial.

El banco ha presentado un amparo por violaciones constituciones desde el principio del proceso, detalla González, que cuestiona cómo (la Sala de lo Constitucional) puede "tardar 20 meses en aceptar un recurso de Amparo, si una aceptación en condiciones toma de 4 a 8 semanas máximos".

A ello suman la "incredulidad" ante el hecho de que tres magistrados de la Sala han presentado "recusación", es decir que dijeron no poder conocer el caso "por razones que creemos no tienen un fondo jurídico, sino algún tipo de conflicto de interés", dijeron los representantes de HSBC.

Además, señalaron que justo después del cambio de Superintendente del Sistema Financiero, en julio de 2019, la Superintendecia "obligó" a Davivienda a reflejar los fondos de reservas del caso en sus estados financieros, situación que no había pasado antes ya que Davivienda contaba con un crédito respaldado por su matriz (Grupo Davivienda Colombia) por si tenía que hacer frente a esta situación.

Según el último reporte de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, de septiembre de 2020, "Davivienda ya cuenta con los recursos comprometidos para enfrentarla (contingencia legal), por lo tanto, si esto tuviera un resultado desfavorable, Fitch cree que no afectaría significativamente las operaciones o el desempeño financiero del banco", detallaba el informe.

A la fecha y después de un mes de haberles sido entregada la "notificación" de intenciones de HSBC a las autoridades locales, aun no se han pronunciado sobre el tema.

source: El Economista